La Conflictividad Persiste en América Latina tras el Súper Ciclo de las Extractivas
La vertiginosa expansión de la frontera extractiva en América Latina durante el súper ciclo de materias primas –motivada por los altos precios y la introducción de nuevas tecnologías- ha desencadenado cientos de conflictos socio-ambientales. Con mecanismos de prevención y solución escasos y poco efectivos, la conflictividad permanece latente, incluso encontrándonos al final del ciclo. El nuevo reporte de NRGI, “La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en América Latina” aborda las causas de la conflictividad y propone posibles estrategias de solución.
En los últimos 10 años, las dinámicas de expansión territorial de la industria extractiva provocaron un alto nivel de superposición territorial entre áreas comunales, reservas naturales y concesiones extractivas. Esto vale tanto para los hidrocarburos como para la minería.
En Colombia, por ejemplo, las concesiones extractivas representan el 40 por ciento del territorio nacional. En Bolivia, el 55 por ciento del territorio está declarado como área de potencial extractivo.En Ecuador las actividades petroleras ocupan dos tercios de la Amazonía. En Perú los bloques de hidrocarburos cubren más del 70 por ciento del territorio amazónico, superponiéndose con 11 áreas protegidas y con 58 comunidades indígenas. Mientras tanto, el 19 por ciento del territorio peruano está bajo concesión minera, afectando aproximadamente al 48 por ciento de los territorios comunales.
Frente a esta superposición de derechos, las poblaciones locales (principalmente campesinas e indígenas) han realizado diversas acciones para manifestar su rechazo a estas actividades o su reclamo de negociar mejores condiciones de participación en sus beneficios. Las marchas, los bloqueos de vías y las tomas de locales públicos e instalaciones privadas, son cada vez más comunes.
Perú continúa siendo el país que cuenta con el mejor registro conflictos socio-ambientales en la región, gracias al trabajo de la Defensoría del Pueblo. Desde el 2009 se registra un promedio de 200 conflictos sociales, de los cuales alrededor de 140 se clasifican como socio-ambientales (primordialmente mineros). Dada la ausencia de un registro sistematico similar al del Perù, es difícil conocer con precisión el número y causa de conflictos extractivos en el resto de la región, pero países como Brasil brindan ejemplos similares al peruano. En este país se han registrado cerca de 500 conflictos por proyectos extractivos sobre tierra y agua donde se han visto involucradas más de 600 mil personas desde el 2000 hasta el 2015.
En respuesta a los movimientos sociales, los gobiernos en la región han optado por la cooptación o la represión, criminalizando la protesta y promoviendo intervenciones que han dejado cientos de víctimas fatales. Tanto Bolivia, como Colombia, Ecuador y Perú han pasado leyes para modificar los estatutos penales y flexibilizar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en contextos de conflictividad social.
Otra cara de la represión son los asesinatos de líderes ambientalistas. En el 2015, Global Witness reportó que cuatro países latinoamericanos se encontraban entre los cinco países del mundo con mayor cantidad de asesinatos de “defensores de la tierra”. La mayoría de “defensores” asesinados fueron indígenas vinculados a conflictos extractivos. En estos casos, el Estado posee un importante nivel de responsabilidad al no proveer de suficiente protección ni apoyo para la búsqueda de justicia.
Las políticas de “carrera hacia el fondo” que vienen con el fin del súper-ciclo, promueven la inversión extractiva compensando las menores ganancias con rebajas en los estándares sociales y ambientales, con el riesgo de seguir generando conflictos entre empresas y poblaciones locales. En estas circunstancias,, se vuelve màs urgente que nunca revertir las políticas de criminalización de la protesta, resguardar procesos judiciales justos y des-privatizar y des-militarizar la fuerza policial para evitar crímenes contra los derechos humanos en zonas de conflictos socio-ambientales.
Si bien existen importantes esfuerzos para institucionalizar mecanismos de diálogo en países como Colombia y Perú, los conflictos de intereses en países dependientes de la renta extractiva dificultan la creación de espacios participativos de gobernanza. El agotamiento de vías institucionales para el diálogo pinta un escenario de futuros enfrentamientos, pues los conflictos socioambientales también expresan asimetrías en el poder y acceso a espacios de decisión.
Para resguardar la estabilidad política y los derechos humanos de las poblaciones en conflicto con proyectos extractivos, se vuelve central fortalecer mecanismos de consulta, participativos y de diálogo, descentralizando la gobernanza de los recursos naturales hacia los niveles sub nacionales. Asimismo, se debe fiscalizar a las empresas públicas y privadas para que cumplan con los compromisos internacionales y nacionales de actividad minera e hidrocarburífera. Para este último punto, transparentar la información ambiental de operaciones extractivas se vuelve una lucha central para la sociedad civil.
Lorena De la Puente es asociada de programa en la oficina regional para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI).
