Las condiciones adecuadas para la implementación efectiva de los compromisos de OGP acerca de recursos naturales
Todos sabemos que la implementación de los compromisos es el elemento central de la misión de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) de generar reformas transformadoras. Sin embargo, más de un tercio de los compromisos que el Mecanismo de Revisión Independiente ha evaluado hasta la fecha no han sido implementados. Este es un tema especialmente importante en lo que se refiere a los compromisos sobre recursos naturales. El Grupo de Trabajo de Apertura en los Recursos Naturales (ONRWG por sus siglas en inglés) recientemente publicó el informe Cerrando la Brecha: Fortalecimiento del Desarrollo e Implementación de los Compromisos de Recursos Naturales en la Alianza para el Gobierno Abierto. En él, se identifican algunos países que han establecido más compromisos sobre recursos naturales que en otros sectores como educación o salud. Sin embargo, solamente la mitad de los compromisos evaluados han sido completa o sustancialmente implementados.
Para comprender algunos de los retos para la implementación de los compromisos, el ONRWG encargó la elaboración de una serie de casos de estudio a los socios de la sociedad civil de México, Nigeria y Perú. Los investigadores que trabajaron en los casos de estudio han participado activamente en el proceso de cocreación de sus países por lo que tienen una perspectiva única. Además, los resultados se complementan con entrevistas a actores de gobierno y la sociedad civil. Apoyando la lucha de la comunidad de OGP hacia una mejor implementación, a continuación presentamos algunos resultados clave que identificamos de estos casos de estudios.
Asegurar aceptación política amplia desde el inicio de todos los ministerios relevantes. Todos los casos de estudio identificaron que la falta de voluntad política y de coordinación entre los ministerios clave afecta fuertemente la implementación. En México, los investigadores notaron que hubo grandes diferencias entre la velocidad y seriedad en la implementación de los compromisos entre las diferentes secretarías encargadas de los compromisos. En Perú, la ausencia de líderes de OGP de alto nivel y la poca capacidad de la autoridad encargada del proceso de OGP de trabajar con la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) redujo los compromisos relacionados con recursos naturales a un proceso administrativo de poca importancia.
Establecer tiempos realistas. En Nigeria, la implementación del compromiso de creación de un registro de beneficiarios reales requiere reformar la legislación, lo que impacta la implementación y cumplimiento. En México, los plazos establecidos fueron demasiado ambiciosos y no tomaron en cuenta el contexto político necesario para la reforma energética y el tiempo que toma el proceso de toma de decisión de incorporarse a la EITI. Además, todos los casos de estudio demuestran que el gobierno y la sociedad civil requieren de diferentes procesos y plazos para establecer compromisos y lograr su implementación.
Transversalización de presupuestos para la implementación. En todos los casos se identificó la falta de recursos financieros como una barrera para la implementación. En Nigeria y México, el gobierno nacional no asignó presupuesto a la implementación, sino asumieron que utilizarían fondos externos, los cuales no se recibieron. En Perú, la Secretaría de Gestión Pública asignó presupuesto al desarrollo e implementación del Plan de Acción Nacional, pero cada institución debía asignar recursos de sus propios presupuestos. Para resolver esta barrera, la sociedad y los funcionarios de gobierno deben considerar asegurar fondos y transverzalizar los recursos en los presupuestos de los ministerios encargados de la implementación desde el proceso de cocreación y selección de los compromisos.
Mejorar la calidad y especificidad de los compromisos. La falta de información necesaria para la implementación dificultó la implementación de los compromisos de datos abiertos en México y Nigeria. Por ejemplo, en México la Dirección General de Minería, la cual creó datos de minería, no tenía influencia sobre la Oficina de la Presidencia que estaba encargada de publicarlos. En Perú, la sociedad civil opina que cuando los compromisos son muy vagos se retrasa su implementación y se genera un sentimiento de desconfianza entre el gobierno y la sociedad civil, al reportar todos los indicadores como completados en el informe de avance, lo cual contrastaba con las observaciones de la sociedad civil.
Desarrollar las capacidades de la sociedad civil para participar en la implementación de los compromisos. Desarrollar una relación de confianza y trabajo entre la sociedad civil y los funcionarios de gobierno, intercambiar conocimientos y cerrar la brecha de capacidades técnicas y políticas requiere de recursos, aun cuando existe apoyo político para la implementación. En Nigeria, los grupos de la sociedad civil tenían dificultad para entender los términos técnicos del sector extractivo. Por ello, la EITI de Nigeria diseñó una serie de capacitaciones para permitir a las organizaciones de la sociedad civil comprender las implicaciones técnicas del trabajo de la iniciativa e incrementar su capacidad de participación en el gobierno.
Recomendaciones. En el impulso a la implementación de los Planes de Acción Nacional, debemos ir más allá del monitoreo y evaluación. Los casos de estudio que aquí presentamos ofrecen lecciones aprendidas para los líderes de la sociedad civil y el gobierno pueden utilizar para mejorar la implementación de compromisos y ayudar a alcanzar la visión de OGP de lograr cambios transformadores. La comunidad de OGP tendrá la oportunidad hacer un análisis de los impulsores de la implementación de compromisos de recursos naturales en el próximo Encuentro Regional de OGP durante la mesa redonda del ONRWG sobre la Implementación de los Compromisos sobre Recursos Naturales: Logros, vacíos y retos. La sesión se llevará a cabo el martes 21 de noviembre a las 15:40.
