Contratos de gas en Perú podrían cambiar el rumbo de la elección
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En los primeros meses del 2016 el gas del Perú se puso nuevamente en el centro de la escena política. El motivo del debate son los contratos del gas de Camisea, las reservas de gas natural más grandes del país.
El foco de atención se concentra en el lote 56. Las reservas del lote 56, equivalentes a 2.75 billones de pies cúbicos, fueron descubiertas por la anglo-holandesa Shell en antes del año 2000. En aquel momento el estado determinó que el gas del lote 56 se dedique exclusivamente a la exportación. En el 2004 Shell desistió de continuar al frente del bloque debido a que no podía hacer uso un gasoducto hacia la costa peruana -entonces en construcción- porque era para uso exclusivo de su cocesionario, el Consorcio Camisea, también operador de los lotes 55, 57 y 88. Es así que las reservas en el lote 56 no justificaban la inversión necesaria.
Las reservas del lote 56 revirtieron al estado peruano quien, a la vez, convocó a un concurso por invitación para seleccionar al nuevo operador. Participaron cuatro empresas internacionales, entre las que estaba el mismo consorcio Camisea. Este último participante resultó fácilmente ganador debido a su ventaja comparativa por la exclusividad del gaseoducto.
La cadena de valor del gas del lote 56 de Camisea presenta tres actores más. El primero es la compañía encargada de procesar el gas, Perú LNG. Esta compañía (de propiedad de participantes en el consorcio Camisea) se encarga de la licuefacción del gas en la planta de Pampa Melchorita. Perú LNG, al mismo tiempo, tiene un contrato con un segundo actor: la distribuidora (también conocida como off taker) que realiza la exportación de los hidrocarburos. Repsol actuó como off taker del lote 56 desde 2004 hasta 2012, año en el que fue reemplazada por Shell. El tercer actor es el receptor principal del gas peruano en el extranjero, en este caso la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE). La relación entre la off taker y la CFE, de quienes depende el precio que se adjudica al gas, está regulada mediante un tercer contrato que es vinculante entre ellos y en el que no participa en estado peruano.
En aquel momento (2004) se determinó que se aplique al gas exportado una regalía del 30% y 38%. Si bien a simple vista pareciera que nos encontramos frente a un mejor trato que la regalía del 5% (que podría verse incrementada hasta el 20%) de otros lotes en el mismo yacimiento, el gas del lote 56 se vende a un precio muy por debajo del mercado internacional, determinado por el contrato que la off taker tiene con la CFE de México. Usando como referencia los precios internacionales del gas, se podría decir que los porcentajes reales de regalía solo equivaldrían al 3% y 6.69%, sin posibilidad de aumentar. Es decir, por debajo de la regalía de 5% que pagan las demás empresas con contratos de gas.
Otro aspecto alarmante fue la revelación de casos de re exportación del gas desde México por parte de la primera off taker, Repsol. Repsol reexportaba el gas desde México a otros mercados sin pagar las regalías correspondientes a Perú. Este caso fue llevado por el estado peruano a un arbitraje internacional ante la CIADI en el 2012. En mayo del 2015 la CIADI falló a favor del Perú, obligando a Repsol a pagar cerca de 64 millones de dólares por concepto de regalías e intereses impagos.
Es así que llegamos a la campaña presidencial 2016. Encontramos varias posiciones que, con matices, promueven la renegociación de los contratos de gas, especialmente en el caso del lote 56. Al mismo tiempo, encontramos otras posiciones que condenan los intentos de modificación de contratos apelando a la fama que se ha ganado el país en respeto de contratos. Repasemos algunas de las posiciones.
Las propuestas de los candidatos Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, representantes de partidos de centro e izquierda respectivamente, coinciden en que los contratos de gas si pueden ser renegociados, siempre que las condiciones originales perjudiquen al estado. En el caso del gas del lote 56, ambos candidatos hacen referencia a las condiciones de desventaja reflejadas en las regalías y el precio pactado con México.
Las divergencias entre las dos propuestas yacen en la propiedad del gas. Para el partido de Barnechea, Acción Popular, el problema reside en las regalías, las mismas que no reflejan el precio internacional y no ofrecen oportunidad de un reajuste dependiendo de la producción y los precios. Más allá de aumentar las regalías, los contratos deberían incluir un nuevo cálculo de las escalas internacionales de precios que se irán a usar. Asimismo, también se sugiere atacar el problema de la re-exportación con cláusulas más claras que prevengan esta figura.
El partido de Mendoza, Frente Amplio, coincide con los puntos antes mencionados pero avanza más al plantear que el problema reside en la propiedad de la molécula de hidrocarburo. En la actualidad, de acuerdo a la Ley Nacional de Hidrocarburos (1992), la propiedad de la molécula es de quien la extrae, en este caso el Consorcio Camisea. Este aspecto impide al estado, por ejemplo, de priorizar otros mercados alternativos de que ofrezcan mejores precios para el gas peruano. Para enfrentar esta situación la propuesta del FA es pasar de contratos de licencia (en los que el que extrae es propietario de la molécula) a contratos de servicios (en los que el estado peruano es propietario de la molécula).
En el espectro opuesto se encuentran quienes se oponen a la renegociación de contratos. Aquí encontramos a partidos políticos de tendencia más conservadora como Peruanos por el Kambio (liderado por Pedro Pablo Kuczynski, quien como ministro de Energía y Minas del Gobierno de Toledo negoció los contratos vigentes) y Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori). Ambos partidos coinciden en respetar los contratos ya suscritos y trabajar en el aspecto de masificación del gas mediante la construcción de infraestructura. Varios expertos coinciden con esta postura e insisten en el aspecto de predictibilidad para el inversionista, siempre considerando que se trata de un sector volátil en el que existen ganadores y perdedores dependiendo del periodo que se atraviese.
Cada posible respuesta al problema de los contratos de gas tiene consecuencias particulares. Un aspecto interesante de la postura de izquierda es que hace a un lado la predictibilidad del sector para priorizar la planificación energética. Esto tiene consecuencias más profundas en la política industrial del sector energético, ya que daría al estado la libertad de planificar el uso de la energía de acuerdo a intereses estratégicos internos.
Sin embargo, también es cierto que todo tipo de negociación conlleva efectos perjudiciales para el inversionista. En este sentido, el estado que propone la negociación necesita reducir estos perjuicios al mínimo. El problema es que frente a un contexto de caída de precios de los hidrocarburos, la capacidad de negociación del estado en estos casos se reduce dramáticamente.
También es cierto que los contratos de Camisea ya han sido revisados en más de una oportunidad¡. Por ejemplo, en 2015, Perupetro -agencia reguladora del estado peruano- consiguió revertir una cláusula que destinaba una parte del gas del lote 88 a la exportación, garantizando que el gas de este campo vuelva a ser destinado solamente al uso interno. El gobierno también ha manifestado que busca añadir un punto más al Lote 56 que enmiende el problema de los precios. Sin embargo, en este caso el estado peruano solo podría actuar de facilitador debido a que este aspecto corresponde a una negociación entre el consorcio Camisea y la off taker, Shell.
Resulta interesante ver cómo, una vez más en la historia política reciente de América Latina, la explotación de los recursos nacionales se encuentra en el centro del debate. Un punto a resaltar del caso peruano es que todos los contratos de Camisea son públicos. En un tiempo electoral que suele estar plagado de ataques y descalificaciones, este aspecto ha hecho que el debate alrededor del gas sea uno de los más sustanciales de la campaña.
Alonso Hidalgo es asistente de programa para América Latina del Natural Resource Governance Institute.
En los primeros meses del 2016 el gas del Perú se puso nuevamente en el centro de la escena política. El motivo del debate son los contratos del gas de Camisea, las reservas de gas natural más grandes del país.
El foco de atención se concentra en el lote 56. Las reservas del lote 56, equivalentes a 2.75 billones de pies cúbicos, fueron descubiertas por la anglo-holandesa Shell en antes del año 2000. En aquel momento el estado determinó que el gas del lote 56 se dedique exclusivamente a la exportación. En el 2004 Shell desistió de continuar al frente del bloque debido a que no podía hacer uso un gasoducto hacia la costa peruana -entonces en construcción- porque era para uso exclusivo de su cocesionario, el Consorcio Camisea, también operador de los lotes 55, 57 y 88. Es así que las reservas en el lote 56 no justificaban la inversión necesaria.
Las reservas del lote 56 revirtieron al estado peruano quien, a la vez, convocó a un concurso por invitación para seleccionar al nuevo operador. Participaron cuatro empresas internacionales, entre las que estaba el mismo consorcio Camisea. Este último participante resultó fácilmente ganador debido a su ventaja comparativa por la exclusividad del gaseoducto.
La cadena de valor del gas del lote 56 de Camisea presenta tres actores más. El primero es la compañía encargada de procesar el gas, Perú LNG. Esta compañía (de propiedad de participantes en el consorcio Camisea) se encarga de la licuefacción del gas en la planta de Pampa Melchorita. Perú LNG, al mismo tiempo, tiene un contrato con un segundo actor: la distribuidora (también conocida como off taker) que realiza la exportación de los hidrocarburos. Repsol actuó como off taker del lote 56 desde 2004 hasta 2012, año en el que fue reemplazada por Shell. El tercer actor es el receptor principal del gas peruano en el extranjero, en este caso la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE). La relación entre la off taker y la CFE, de quienes depende el precio que se adjudica al gas, está regulada mediante un tercer contrato que es vinculante entre ellos y en el que no participa en estado peruano.
En aquel momento (2004) se determinó que se aplique al gas exportado una regalía del 30% y 38%. Si bien a simple vista pareciera que nos encontramos frente a un mejor trato que la regalía del 5% (que podría verse incrementada hasta el 20%) de otros lotes en el mismo yacimiento, el gas del lote 56 se vende a un precio muy por debajo del mercado internacional, determinado por el contrato que la off taker tiene con la CFE de México. Usando como referencia los precios internacionales del gas, se podría decir que los porcentajes reales de regalía solo equivaldrían al 3% y 6.69%, sin posibilidad de aumentar. Es decir, por debajo de la regalía de 5% que pagan las demás empresas con contratos de gas.
Otro aspecto alarmante fue la revelación de casos de re exportación del gas desde México por parte de la primera off taker, Repsol. Repsol reexportaba el gas desde México a otros mercados sin pagar las regalías correspondientes a Perú. Este caso fue llevado por el estado peruano a un arbitraje internacional ante la CIADI en el 2012. En mayo del 2015 la CIADI falló a favor del Perú, obligando a Repsol a pagar cerca de 64 millones de dólares por concepto de regalías e intereses impagos.
Es así que llegamos a la campaña presidencial 2016. Encontramos varias posiciones que, con matices, promueven la renegociación de los contratos de gas, especialmente en el caso del lote 56. Al mismo tiempo, encontramos otras posiciones que condenan los intentos de modificación de contratos apelando a la fama que se ha ganado el país en respeto de contratos. Repasemos algunas de las posiciones.
Las propuestas de los candidatos Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, representantes de partidos de centro e izquierda respectivamente, coinciden en que los contratos de gas si pueden ser renegociados, siempre que las condiciones originales perjudiquen al estado. En el caso del gas del lote 56, ambos candidatos hacen referencia a las condiciones de desventaja reflejadas en las regalías y el precio pactado con México.
Las divergencias entre las dos propuestas yacen en la propiedad del gas. Para el partido de Barnechea, Acción Popular, el problema reside en las regalías, las mismas que no reflejan el precio internacional y no ofrecen oportunidad de un reajuste dependiendo de la producción y los precios. Más allá de aumentar las regalías, los contratos deberían incluir un nuevo cálculo de las escalas internacionales de precios que se irán a usar. Asimismo, también se sugiere atacar el problema de la re-exportación con cláusulas más claras que prevengan esta figura.
El partido de Mendoza, Frente Amplio, coincide con los puntos antes mencionados pero avanza más al plantear que el problema reside en la propiedad de la molécula de hidrocarburo. En la actualidad, de acuerdo a la Ley Nacional de Hidrocarburos (1992), la propiedad de la molécula es de quien la extrae, en este caso el Consorcio Camisea. Este aspecto impide al estado, por ejemplo, de priorizar otros mercados alternativos de que ofrezcan mejores precios para el gas peruano. Para enfrentar esta situación la propuesta del FA es pasar de contratos de licencia (en los que el que extrae es propietario de la molécula) a contratos de servicios (en los que el estado peruano es propietario de la molécula).
En el espectro opuesto se encuentran quienes se oponen a la renegociación de contratos. Aquí encontramos a partidos políticos de tendencia más conservadora como Peruanos por el Kambio (liderado por Pedro Pablo Kuczynski, quien como ministro de Energía y Minas del Gobierno de Toledo negoció los contratos vigentes) y Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori). Ambos partidos coinciden en respetar los contratos ya suscritos y trabajar en el aspecto de masificación del gas mediante la construcción de infraestructura. Varios expertos coinciden con esta postura e insisten en el aspecto de predictibilidad para el inversionista, siempre considerando que se trata de un sector volátil en el que existen ganadores y perdedores dependiendo del periodo que se atraviese.
Cada posible respuesta al problema de los contratos de gas tiene consecuencias particulares. Un aspecto interesante de la postura de izquierda es que hace a un lado la predictibilidad del sector para priorizar la planificación energética. Esto tiene consecuencias más profundas en la política industrial del sector energético, ya que daría al estado la libertad de planificar el uso de la energía de acuerdo a intereses estratégicos internos.
Sin embargo, también es cierto que todo tipo de negociación conlleva efectos perjudiciales para el inversionista. En este sentido, el estado que propone la negociación necesita reducir estos perjuicios al mínimo. El problema es que frente a un contexto de caída de precios de los hidrocarburos, la capacidad de negociación del estado en estos casos se reduce dramáticamente.
También es cierto que los contratos de Camisea ya han sido revisados en más de una oportunidad¡. Por ejemplo, en 2015, Perupetro -agencia reguladora del estado peruano- consiguió revertir una cláusula que destinaba una parte del gas del lote 88 a la exportación, garantizando que el gas de este campo vuelva a ser destinado solamente al uso interno. El gobierno también ha manifestado que busca añadir un punto más al Lote 56 que enmiende el problema de los precios. Sin embargo, en este caso el estado peruano solo podría actuar de facilitador debido a que este aspecto corresponde a una negociación entre el consorcio Camisea y la off taker, Shell.
Resulta interesante ver cómo, una vez más en la historia política reciente de América Latina, la explotación de los recursos nacionales se encuentra en el centro del debate. Un punto a resaltar del caso peruano es que todos los contratos de Camisea son públicos. En un tiempo electoral que suele estar plagado de ataques y descalificaciones, este aspecto ha hecho que el debate alrededor del gas sea uno de los más sustanciales de la campaña.
Alonso Hidalgo es asistente de programa para América Latina del Natural Resource Governance Institute.
