Febrero 2017 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas
Ecuador ha realizado en estos días nuevas elecciones presidenciales, las primeras en 10 años que no cuentan con la participación de Rafael Correa. Ha ganado la primera vuelta el actual vicepresidente y candidato oficialista Lenin Moreno. Pero, al no haber obtenido los votos suficientes, habrá una segunda vuelta en la que tendrá que competir con el conservador banquero Guillermo Lasso.
Las elecciones ocurren en un periodo particularmente complejo para el gobierno y para el país.
Sucede que la caída de los precios del petróleo que Ecuador exporta a los mercados internacionales ha significado un duro golpe al fisco de ese país, afectando la inversión pública y el crecimiento del país.
Además, desde hace diez meses se viene desenredando el esquema de corrupción más importante de la última década. Un esquema que tiene en el mismo centro a la empresa estatal petrolera Petroecuador.
Hasta el momento existen 24 procesos judiciales abiertos que abarcan delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, cohecho, entre otros. Asimismo, van más de 80 personas siendo investigadas. 16 de las 18 personas imputadas con cargos de cohecho –un delito punible con penas de 5 a 7 años de cárcel- fueron sentenciadas este febrero. Se espera que se realicen audiencias vinculadas a los crímenes de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado en los próximos meses.
El hallazgo clave provino de los Papeles de Panamá, una base de datos traída a la luz gracias a una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Fue a través de los Papeles de Panamá que se descubrió que un ex gerente de Petroecuador, Álex Bravo, se benefició por medio de “offshores” con depósitos provenientes de empresas ganadoras de contratos de servicio con esta empresa estatal. Estos contratos de servicio estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas y sobrepasaban los 44.7 millones de dólares.
Luego de la detención de Bravo, en agosto de 2016, la fiscalía inició un proceso por tráfico de influencias, que luego evolucionó a enriquecimiento ilícito. En la segunda mitad del año pasado también se produjo un segundo arresto, esta vez se trató del empresario y accionista de Oil Services & Solutions Javier B. (el nombre continúa en reserva debido a que su caso aún no ha pasado a fase pública) luego de probársele depósitos a la offshore de Alex Bravo, Girbra. A partir del arresto de Javier B. se incluyeron a diecisiete personas más en el caso, entre ellas al ex gerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli.
Gracias a la colaboración del gobierno de Panamá se pudo comprobar que, por medio de offshores, tanto Carlos Pareja como Álex Bravo se beneficiaron de sobornos equivalentes USD 11.7 millones, todos provenientes de once empresas y tres contratistas vinculadas a Petroecuador.
Ambos ex gerentes ya tienen sentencias condenatorias de cinco años por el cargo de cohecho. Ellos, junto a otros ocho sentenciados como autores del cohecho por haber gestionado las offshore, deberán pagar indemnizaciones de USD 25 millones al fisco ecuatoriano. Por otro lado, los sentenciados aún deben esperar los fallos por otros cargos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ciertamente el esquema de corrupción estructurado en torno a los proveedores de Petroecuador no es el único dolor de cabeza para la estatal. En febrero –la misma semana de las elecciones- la contraloría emitió las conclusiones de un examen hecho a los contratos de preventa petrolera firmados entre la estatal y empresas chinas y tailandesas. Ambas preventas representaron ingresos de USD 4 607, 8 millones para el país a cambio de la entrega de 79,5 millones de barriles. Solo las preventas con china representan cerca del 12% de la producción total petrolera de Ecuador. Pero, entre las observaciones hechas a los contratos se encuentra la falta de sustento legal de los suscrito (el convenio estratégico de cooperación bajo el que supuestamente se amparaba la preventa a China había expirado dos años antes de que se concretara la venta); la falta de estudios de factibilidad que permitan anticipar la liquidez que tales acuerdos podrían traer al Estado; y, la falta de estudios técnicos que sustenten los distintos parámetros de los contratos, como la calidad del petróleo que se negoció vender, el rango de la cantidad de barriles por entrega o incluso el precio asignado al barril de crudo.
Petroecuador se escuda diciendo que los precios pactados son producto de una negociación en beneficio del Estado. Sin embargo, las negociaciones comerciales se daban a partir del trato directo de funcionarios de Petroecuador con sus contrapartes tailandesas y chinas. Es así que parámetros típicamente incluidos en contratos petroleros -como cantidad de barriles, plazos, tasa de interés y precios- no contaban con un informe técnico que los sustente.
Las denuncias contra Petroecuador siguen la misma línea trazada por otros casos de corrupción en empresas petroleras estatales de la región. El caso más célebre, Lava Jato en Brasil, también se trató de una red de corrupción articulada alrededor de proveedores de servicios. Incluso la mexicana Pemex se ha visto últimamente envuelta en escándalos de corrupción relacionados a proveedores de servicios en el sector de refinación.
Otra práctica común para este tipo de casos es el uso de offshores. La revelación que supuso el lanzamiento de los Papeles de Panamá ha sido de gran ayuda tanto para los fiscales como para la prensa que está detrás de estos temas. Sin embargo, no basta con las filtraciones periodísticas para esclarecer casos de corrupción. La revelación de los propietarios efectivos de las empresas que intervienen en el sector -sean proveedoras de servicios o empresas extractivas- es vital.
Hacia adelante, hacen falta reformas institucionales serias que prevengan este tipo de casos. Es en este aspecto donde se necesita un enfoque que integre a todos los actores que participan en la gobernanza del sector. Las iniciativas de transparencia que provengan desde el estado no deberían quedarse en simplemente campañas contra la corrupción. La prensa y la sociedad civil deberían ser capaces de monitorear las distintas etapas de tomas de decisión, de modo que se genere un ambiente de confianza en el sector.
El reto del nuevo gobierno ecuatoriano –cualquiera que este sea- será, además de implementar medidas de fuerza en contra de la corrupción, encontrar los mecanismos efectivos que permitan incluir a la mayor cantidad de actores en la lucha contra la impunidad.
Chile: la huelga de Escondida impacta al mercado del cobre
Minera Escondida, yacimiento cuprífero chileno operado por la australiana BHP Billiton, se encuentra paralizada desde hace más de veinte días debido a una huelga que comprende a los 2500 trabajadores afiliados al Sindicato N°1. No se trata de una protesta cualquiera. Minera Escondida es el proyecto de cobre más grande del mundo y una paralización de dos meses –tiempo anunciado por el sindicato- implicaría dejar de producir 21 mil toneladas de cobre, volumen equivalente al 5% de la producción mundial de cobre para ese periodo. Los impactos económicos para Chile, por otro lado, aún son inciertos.
El motivo de la huelga es la negativa sindical a aceptar que se congtrate nuevos trabajadores con salarios menores a los actuales. Sucede que desde que el precio del metal rojo empezó a caer, los salarios promedio para nuevas posiciones en la empresa minera se han reducido hasta en 300 dólares. En respuesta, con esta huelga el Sindicato N° 1 busca eliminar cláusulas que consideran discriminatorias en los contratos de los nuevos empleados. Además, exige que la compañía les asigne una bonificación extraordinaria de 39 mil dólares para cada empleado este año.
La huelga de Escondida es solo un aspecto de un complejo periodo de contradicciones en la industria mundial del cobre.
Por lo general, el precio del cobre, como el de cualquier bien en el mercado, resulta de cambios en la oferta y la demanda del mismo. En las últimas décadas, los altos precios del mineral fueron un indicador de la salud económica de la China y de la demanda de los países industrializados. Pero en la actualidad estamos frente a un periodo en el que hay variaciones importantes tanto en la oferta como en la demanda en diversos lugares del mundo.
En efecto, el paro en Escondida afectará la oferta mundial del cobre y presionará hacia el alza de los precios. Y en esa misma dirección apunta el grave problema que enfrente la minera norteamericana Freeport en su proyecto minero de cobre Grasberg, ubicado en Indonesia. Grasberg, ni más ni menos que la segunda productora de cobre en el mundo, no puede movilizar su producción desde inicios de año debido a un desacuerdo entre la compañía y el gobierno sobre las nuevas reglas que rigen el sector minero de ese país.
Sucede que el gobierno de Indonesia ha introducido medidas nacionalistas que demandan a Freeport desinvertir más del 50% de su inversión en Grasberg para que pueda ser licitada libremente entre privados nacionales y la empresa estatal. Por otro lado, se pide a la compañía cambiar el estatus de la mina de un contrato de trabajo a una concesión minera. Esto implica que Freeport renuncie a garantías fiscales y legales que protegían a la compañía durante los próximos 30 años.
A estos factores que alteran los mercados del cobre desde la oferta, hay sumar otros que los afectan desde la demanda. Por ejemplo, mientras que la China -el mayor consumidor de cobre en el mundo- ha iniciado una serie de medidas que tendrían como objetivo frenar una expansión inmobiliaria que amenaza con transformarse en una burbuja (precio de cobre a la baja), en Estados Unidos la administración de Donald Trump promete el shock de infraestructura más agresivo de los últimos años, lo que supondría aumentar importantemente su demanda de cobre (precio del cobre al alza).
Tanto la huelga de Mina Escondida como los problemas de Grasberg afectan al mercado. Es por este motivo que, inicialmente, los precios respondieron favorablemente en tiempos donde todo indicaba que no había vuelta atrás para la caída de precios de los commodities. Este breve repunte en los precios, sin embargo, puede ser una señal engañosa para el resto de países en la región. Volviendo al caso de Chile, la estatal Codelco ya ha anunciado que no planea alterar su meta de producción a pesar del momento aparentemente positivo para el cobre. Y es que muchas veces los indicadores de mercado no son sinónimo de salud económica para los países.
Vale la pena recordar otro evento reciente en relación a Chile para ilustrar esta figura. Finantial Times reportó el pasado febrero un repunte en Bolsa de Santiago. Este despegue, sin embargo, no se debió a indicadores tradicionalmente positivos, como una reducción del desempleo o un nuevo descubrimiento minero. Sucede que la calificadora de riesgo de Citigroup le había otorgado un grado de “invertir” a las acciones de Antofagasta Minerals, operadora de la mina Zaldivar. El motivo, se había detectado la existencia de lagunas fiscales que podrían beneficiar a la minera Zaldivar. Gracias a estas lagunas Antofagasta Mineral podría evitar pagos por hasta 175 millones de dólares al fisco de Chile. En este momento las acciones de Antofagasta, así como las del resto de la bolsa de Santiago se dispararon, sin que esto signifique un beneficio real para el país.
De la misma manera, un crecimiento momentáneo de los precios del cobre no debería ser equiparado a un salvavidas para las economías dependientes de los commodities, sino como una situación coyuntural que debería ser observada con cuidado por los tomadores de decisiones del sector.