Marzo 2017 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas
México: corrupción en contratos de Pemex
En los 3 últimos años, la Reforma Energética en México introdujo cambios drásticos al sector petrolero y de la energía en general. En cuanto al sector petrolero, esta nueva etapa se caracteriza por abrir el mercado en todas sus fases a operadores privados, terminando así con el monopolio que Pemex mantuvo por más de 50 años. Sin embargo, hay que anotar que -a pesar que desde el 2016 se han suscrito cerca de 40 contratos privados para actividades de exploración y explotación- el dominio de la industria sigue en manos de la estatal, pues la mayor parte de los nuevos contratos son de exploración y los que son de producción apenas inician sus actividades.
Los estándares de transparencia aplicados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en las últimas rondas de licitación y en administración de los contratos que se van suscribiendo, hacen pensar que el sector, en general, da pasos firmes en materia de transparencia. Pero es igualmente claro que queda pendiente que Pemex, el mayor actor en el sector, de pasos importantes en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo respuestas claras a recientes acusaciones de corrupción y medidas concretas para impedir que estos hechos se repitan en el futuro.
En la región ya se tenían los destapes de casos de corrupción en la gestión de Petrobras (Brasil) y Petroecuador (Ecuador), que dan cuenta de la fragilidad que existe en los procesos de contratación de proveedores de servicios. Hoy Pemex ratifica la tendencia. El pasado diciembre funcionarios de la constructora brasilera Odebrecht admitieron ante la Corte Federal de Nueva York (EEUU) haber pagado hasta 10.5 millones de dólares en sobornos a directivos de Pemex entre los años 2010 y 2014.
La constructora tendió una red de sobornos a políticos y funcionarios públicos que salió a la luz a raíz del caso Lava Jato en Brasil. Sus prácticas corruptas, sin embargo, se extendieron a lo largo de la región. Hoy los sobornos de Odebrecht proyectan una sombra sobre los gobiernos de Perú, Chile, Colombia, Ecuador y México. Al igual que en Brasil, Odebrecht favoreció a políticos y funcionarios con el fin de asegurar concesiones de proyectos de infraestructura de gran envergadura, y sucesivas renegociaciones de los contratos siempre en beneficio de la constructora. Y al parecer lo mismo hacían varias otras constructoras brasileras.
En México las irregularidades reportadas se concentran en Pemex. Odebrecht ha estado al frente de importantes grandes proyectos en el sector hidrocarburos, como la modernización de tres refinerías, la construcción de un gaseoducto y la operación de una planta de etileno. Desde el 2010 sus contratos con la constructora brasileña suman unos 1,429 millones de dólares. Si bien es cierto que Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado los contratos entre Odebrecht y Pemex desde el año 2010, la mayor parte de observaciones fueron dadas como resueltas con relativa facilidad. Pero hoy el testimonio de los funcionarios de Odebrecht indica que si se dieron graves hechos de corrupción a partir de ese año y hasta el 2014.
Entre estos años, las obras más resaltantes fueron la modernización de las refinerías de Minatitlan, Tula y Salamanca. Estas tres refinerías formaron parte de un ambicioso plan en el cual Pemex buscaba potenciar sus capacidades de producción de gasolina nacional. En total se modernizaron 6 refinerías, tres a cargo de Odebrecht. De acuerdo al testimonio brindado en la Corte de Nueva York, el primer paquete de sobornos de 4.5 millones de dólares se produjo entre los años 2010 y 2012, fechas que coinciden con las obras de la refinería de Minatitlán.
La modernización de la refinería de Minatitlan abarca, en realidad, a los tres últimos gobiernos de México. La adjudicación original de los dos contratos de Odebrecht se produjo en el año 2005, durante el gobierno del Presidente Fox. Con el Presidente Calderón, sin embargo, se produjeron la mayor cantidad de modificaciones a estos contratos. En primer lugar, la obra se encareció. La ASF determina que se produjeron una serie de pagos de extra y se adjudicaron unos 40 contratos adicionales a la constructora. Por otro lado, la obra sufrió retrasos importantes que no fueron oportunamente justificados.
El siguiente bloque de sobornos (5.5 millones de dólares) habrían sido entregados durante la gestión de Peña Nieto. Aquí la principal obra adjudicada a Pemex fue el gaseoducto Los Ramones II Norte. Este contrato, valorizado en 1 200 millones de dólares, genera suspicacias debido al uso de offshores para la adjudicación de la obra sin concursos. De acuerdo al portal de investigación Mexicanos Contra la Corrupción, la empresa TAG Pipelines S de RL de CV fue creada exclusivamente para el proyecto y contaba entre su accionariado con la participación de filiales de Pemex establecidas en Islas Caimán. Para la operación del gaseoducto, TAG Pipelines, a su vez, suscribió un contrato de prestación de servicios con Gaseoductos de Chihuahua, otra empresa en donde Pemex mantenía un accionariado importante (50%). Los trabajos de construcción del gaseoducto, sin embargo, fueron ejecutados a partir de un segundo contrato de prestación de servicios, esta vez a nombre de OT Pipelines Sapi, un consorcio conformado por Odebrecht, Technit y Arendal. Es así que Odebrecht se hacía presente nuevamente en el sector de hidrocarburos, esta vez de forma directa y sin licitaciones. Estos contratos, así como los que corresponden a las refinerías de Tula y Salamanca, y, a la planta de etileno “Proyecto Etileno XXI”, sonobjeto de investigación desde el mes de marzo.
Pero Odebrecht no fue el único protagonista de este tipo de tratos. Key Energy, una transnacional proveniente de EEUU, obtuvo contratos petroleros tras el pago de más de 600 mil dólares en sobornos de acuerdo a una investigación de la Comisión de Seguros y Valores norteamericana. Los pagos se realizaron cambio de información privilegiada filtrada a través de una filial ficticia de Key Energy que prestaba servicios de consultoría. Esta entidad, que en teoría brindaba asesoría a la compañía, en realidad coordinaba con Pemex las condiciones de contratos en los que se buscaba privilegiar a la norteamericana.
Los casos de Odebrecht y Key Energy solo dan algunas pistas de una tendencia similar a la encontrada en Brasil y Ecuador: existe un vacío de información sobre la manera como las empresas estatales de petróleo adjudican y administras contratos de prestación de servicios.
Al igual que en propio Brasil, en donde los principales directivos de las empresas involucradas están presos, tanto Perú como Chile y Colombia han puesto en marcha investigaciones que tienen como principales implicados a presidentes y ex presidentes, políticos connotados y directivos de empresas estatales. Es de esperar que en México la justicia obre con la misma firmeza.
Perú: “El Niño” y la minería
Un fenómeno climático atípico conocido como “El Niño Costero” golpeo al Perú el pasado mes de marzo, ocasionando desbordes y deslizamientos que afectaron a numerosas regiones del país. Se calcula que han fallecido más de 100 personas y que la cifra total de damnificados se eleva a más de 100 mil, ubicadas principalmente en la costa norte y centro del país. Los daños en infraestructura también son elevados, pues se estima que hay 157 mil viviendas afectadas, 159 puentes colapsados y 1900 kilómetros de vías destruídas. La destrucción de vías es uno de los impactos con mayor repercusión, tanto en la vida de las comunidades que han quedado completamente aisladas como en las actividades económicas que se han visto perjudicadas.
La minería no estuvo exenta del impacto del desastre. La sierra norte y la sierra central de Perú albergan numerosos proyectos mineros y son regiones productoras de una diversidad de minerales. Durante la peor etapa de la crisis, en el mes de marzo, algunas de estas minas se vieron obligadas a suspender sus actividades debido al mal estado de las vías. Una de las arterias de transporte minero que sufrió peores daños fue el llamado Ferrocarril Central, que une la sierra central del Perú con la capital Lima y el puerto de El Callao. El cierre de la vía férrea congeló los envíos de minerales hacia el puerto, paralizando las exportaciones, provocando que una de las principales empresas mineras de la zona - minera Volcán- declarara en fuerza mayor su producción del mes de marzo y que por algunas semanas el traslado del mineral se hiciese transbordando a camiones en la ciudad de la Oroya para llegar por tierra a Lima o incluso sacando el mineral por tierra por rutas alternas al norte y al sur de la ciudad de Lima. El impacto que esta situación ha tenido en términos de cantidad y valor de las exportaciones de los meses de marzo y abril –al igual que el tiempo que tomará una plena recuperación del Ferrocarril Central- recién se conocerá en las próximas semanas
Cabe mencionar que el posible impacto los desastres ocurridos en Perú sobre la producción y exportación de minerales se suma a una serie de acontecimientos a nivel mundial (entre ellos huelgas de trabajadores mineros en Chile y Perú y el conflicto entre el gobierno de Indonesia y la empresa Freeport) que han provocado que el suministro global de minerales experimente su primera caída en diez años. Esto también ha tenido un efecto positivo en los precios de los minerales. El cobre, por ejemplo, ha experimentado incrementos de precio sostenidos por primera vez desde el 2010.
En respuesta la situación generada por el Niño Costero, el gobierno ha asegurado que destinará los fondos necesarios para la reconstrucción, priorizando aquellas vías que conecten tanto a poblaciones vulnerables como a actividades económicas importantes. En esta línea, la vía del Ferrocarril Central fue una de las primeras rehabilitadas por el gobierno a inicios del mes de abril.
Más allá del efecto de la crisis sobre el mismo sector minero, vale la pena analizar de qué modo aprovechó Perú el súper ciclo de precios de los commodities en el apartado de prevención de desastres. Empezando por la cara positiva de la moneda hay que resaltar el blindaje que otorga el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) en situaciones de desastre natural. La Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal crea el FEF con el fin de aprovechar los periodos de superávit para generar ahorros que permitan al gobierno hacer frente a situaciones de desastre tanto naturales como económicos. El Fondo -administrado por un directorio que componen el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la Presidencia del Consejo de Ministros- se alimenta de recursos provenientes de distintas fuentes. Los recursos ordinarios pertenecen al saldo presupuestal positivo de libre disponibilidad del tesoro público. En menor medida ingresan recursos por concepto de venta de activos del estado y privatizaciones; pago inicial de concesiones del Estado; y, por pago de intereses de los depósitos a plazo que hace el FEF al BCR. Al 2015, las únicas fuentes que generaron ingresos fueron los ingresos por concesiones y pago de intereses. Como es de suponer, la mayor cantidad de concesiones que aportaron a este fondo fueron mineras. Los proyectos Toromocho, Las Bambas, Michiquillay, La Granja y Salmueras componen los principales ingresos para el 2015.
Este es el aporte más directo que, hasta la fecha, las empresas mineras han hecho en materia de desastres naturales. Debemos indicar, sin embargo, que este tipo de eventualidades no son las únicas cubiertas por el FEF. El fondo ha fluctuando su cantidad disponible de recursos en los últimos años (de más de 9 mil millones de dólares en el 2014 a 7 900 en el 2015 y casi 8 mil en el 2016) debido al déficit fiscal generado por la caída de precios de los commodities. Sin embargo, los recursos disponibles otorgan un amplio margen de respuesta frente a la emergencia desatada por las inundaciones.
Del otro lado de la moneda encontramos dos aspectos preocupantes. En primer lugar, el bajo nivel de gasto de los gobiernos locales en materia de prevención de desastres, que expresa la falta de importancia asignada a la planificación territorial y la prevención de desastres. En segundo lugar, el relajamiento en regulaciones ambientales de los últimos años que, en combinación con fenómenos climáticos impredecibles, podría derivar en una catástrofe ambiental sin precedentes.
El crecimiento económico y la bonanza fiscal generada por el boom de precios de las commodities, no se tradujeron en zonificación ni ordenamiento del territorio ni en planificación ni prevención frente a desastres naturales recurrentes, y ahora agravados por el calentamiento global. Como resultado, en las zonas impactas por el Niño Costero, mucho del gasto hecho en obras de infraestructura en los últimos 20 años se ha traducido hoy en imágenes de caminos, puentes y ciudades destruidas. Se debe tener en cuenta que la infraestructura minera es tan vulnerable como cualquier otro tipo de infraestructura en caso se desarrolle sin planificación territorial. Un ejemplo sugerente de esta situación es el depósito de relaves tóxicos de Tamboraque, al pie del río Rímac (principal fuente de agua de la capital de Perú) en la sierra de Lima. La empresa minera Nyrstar Coricancha, ubicó uno de sus tres depósitos de residuos mineros en la base del cerro Tamboraque, a solo 15 metros del Río Rímac. A pesar de que la empresa ha sido multada repetidas veces y que la zona ya fue declarada en emergencia en el 2008, la agencia fiscalizadora ambiental –OEFA- no tiene capacidad ni competencias para exigir el cierre de operaciones y el retiro de los relaves de manera directa. Esto se debe a que la ley 30230 (2014) limitó la potestad sancionadora de la OEFA de manera importante, lo que ha provocado, por ejemplo, que en los primeros ocho meses de implementada la norma se dejasen de pagar hasta 55 millones en infracciones ambientales.
Las inundaciones y deslizamientos en Perú ya cobraron la vida de un centenar de personas y afectado a decenas de miles. Perú, un país que se benefició por casi una década de un boom de precios no debería pasar por una crisis de estas dimensiones. Sobre todo, cuando muchos de los daños ocasionados a viviendas e infraestructura pública pudieron ser evitados por medio de la planificación y la prevención. La minería, al igual que las poblaciones, también se beneficiaría de mejores regulaciones ambientales, así como de una planificación territorial pensada en la seguridad de la gente y no solamente en la seguridad de las inversiones.