La transición energética global -del uso predominantemente de combustibles fósiles a una energía más limpia- tendrá un efecto profundo en la economía mundial. Ésta limitará la cantidad de gases de efecto invernadero que emite la humanidad y, con suerte, evitará un calentamiento global catastrófico. Sin embargo, esta transición también tendrá un efecto profundo en las empresas petroleras estatales (EPE).
Las EPE, en las que el gobierno es el accionista único o dominante, producen la mitad del petróleo y el gas del mundo e invierten el 40 por ciento del capital en la industria mundial del petróleo y el gas. También son importantes para millones de personas que viven en países con serios desafíos de desarrollo: 280 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza en países con EPE. Además, las personas que viven en la pobreza son las más vulnerables al deterioro del clima.
Una transición energética rápida representa una amenaza para las EPE. Cuanto más rápida sea esta transición, mayor es la amenaza a este tipo de empresas y a los gobiernos que dependen de los ingresos del petróleo, a menos que se preparen bien.
Mensajes clave:
Si las empresas petroleras estatales siguen la trayectoria actual, invertirán más de USD 400 mil millones en costosos proyectos de gas y petróleo. Estos proyectos solo serán rentables si la humanidad excede sus objetivos de emisiones, conduciendo a elevar en 2 °C la temperatura global.
O el mundo hace lo necesario para limitar el calentamiento global o las compañías petroleras nacionales continúan invirtiendo. Ambas cosas no pueden suceder a la vez.
Las inversiones de las compañías petroleras estatales podrían rendir frutos o podrían conducir a crisis económicas en países emergentes y en desarrollo. Podrían, además, necesitar ser rescatadas financieramente en el futuro, rescates que usarían dinero público. Algunos gobiernos dependientes del petróleo en África, América Latina y Eurasia están haciendo apuestas particularmente arriesgadas con fondos públicos.
Muchas compañías petroleras estatales tienen incentivos para seguir haciendo grandes inversiones en proyectos nuevos de petróleo y gas. Como resultado, es posible que los funcionarios de las compañías no estén tomando en cuenta la transición energética de los combustibles fósiles hacia energías limpias, ni estén tomando decisiones de inversión orientadas a los intereses de los ciudadanos.
Los gobiernos - a través de ministerios de finanzas y planificación, oficinas presidenciales y organismos públicos de rendición de cuentas – deben actuar para promover una vía económica más sostenible. Los gobiernos deberían:
o Comprender el alcance de la exposición de las compañías petroleras estatales a una caída en los precios del gas y el petróleo;
o Revisar las reglas sobre los flujos de efectivo que entran y salen de las compañías estatales;
o Requerir o incentivar la toma de decisiones de inversión de bajo riesgo;
o Comparar y medir el desempeño de las empresas petroleras estatales, mejorar el gobierno corporativo y presentar informes continuamente a los ciudadanos.
