Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2021

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17 January 2022

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Las decisiones acerca de la gobernanza de los sectores de minería, petróleo y gas determinan el bienestar de mil millones de personas que viven en la pobreza en países ricos en recursos naturales. Si las políticas y prácticas aseguran la toma de decisiones informadas, incluyentes y responsables, los recursos naturales pueden impulsar sociedades prósperas y sostenibles, en vez de socavar estos resultados.

La crisis climática, la pandemia del coronavirus y los cambios dramáticos en los mercados energéticos globales muestran la necesidad de una buena gobernanza. En el centro de esta crisis se encuentra una serie de decisiones complejas acerca de cómo facilitar las adaptaciones políticas y económicas para administrar la reducción progresiva de los combustibles fósiles y fomentar el incremento responsable de la producción de los minerales para la transición energética. La gobernanza de los sectores de minería, petróleo y gas jugará un papel central en la transición de los combustibles fósiles y un retorno a los avances contra la pobreza.

Natural Resource Governance Institute (NRGI) desarrolla el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) como un instrumento de diagnóstico para medir la gobernanza de los sectores de minería, petróleo y gas en países seleccionados, así como para resaltar las oportunidades de reforma de políticas y prácticas a nivel global, regional y nacional.

El IGR 2021 evalúa la gobernanza de los sectores extractivos de 18 países, incluyendo productores históricos de minerales e hidrocarburos así como países nuevos y potenciales.

Mensajes claves:

Las calificaciones en la gobernanza de los recursos naturales en los países evaluados han mejorado en los últimos 5 años, pero las brechas en transparencia y supervisión muestran riesgos en torno a la corrupción y la transición energética.
Las áreas del sector extractivo con la peor gobernanza, como la transparencia y la supervisión de los impactos ambientales y sociales, tienen el mayor impacto sobre las vidas de las personas.
Los países han fortalecido sus marcos legales y su implementación en los últimos 5 años, pero las brechas entre las políticas y la práctica se han ampliado.
Tanto los Gobiernos como las empresas deben priorizar medidas para la difusión pública de la información sobre los beneficiarios reales. Los Gobiernos pueden fortalecer leyes sobre la transparencia de los beneficiarios reales al enfocarse en los riesgos de corrupción, reducir las ambigüedades legales y exigir la divulgación pública de esta información. Los Gobiernos y las empresas deben brindar información sobre los contratos de forma más completa.
Muchas empresas de propiedad del Estado (EPE) carecen de los elementos básicos de transparencia corporativa y rendición de cuentas a nivel financiero. Deben fortalecer sus medidas de integridad y establecer reglas claras para informar sobre las ventas de productos.
La participación de la ciudadanía es fundamental para una transición energética justa y equitativa. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los pronósticos de los precios del petróleo y los escenarios de demanda, los gastos de las empresas petroleras estatales y las emisiones, impiden que la ciudadanía sepa cuando sus países hacen apuestas riesgosas sobre los combustibles fósiles.
Algunos países con reservas importantes de minerales críticos no están preparados para el boom que se aproxima. En este sentido, los países tampoco deben perder de vista la gobernanza de los minerales «tradicionales».
Los Gobiernos deben mejorar la gobernanza de los recursos al:

Garantizar la implementación de las leyes sectoriales, especialmente las políticas diseñadas para contrarrestar los riesgos de corrupción y los impactos locales asociados con la extracción.
Mejorar la supervisión en áreas de alto riesgo de corrupción, como el otorgamiento de licencias, las compras de las EPE y el comercio de productos.
Garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre riesgos climáticos y la toma de decisiones para la transición energética relacionada con la extracción de combustibles fósiles y la explotación de minerales necesarios para las tecnologías verdes.
Proteger el espacio cívico para permitir que los ciudadanos demanden y orienten una transición energética justa y equitativa mediante el diálogo y el debate.