El futuro de la gobernanza de las industrias extractivas en América Latina y el Caribe
Este artículo está basada en una nota de Americas Quarterly. Vea al presidente y CEO de NRGI, Daniel Kaufmann, hablar sobre el futuro de transparencia de datos extractivos aquí. Para más información, lea ¿Cómo seguir mejorando la transparencia de las industrias extractivas?
Los recursos naturales son un factor clave para el crecimiento y el desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC). Se calcula que el valor de las reservas de combustibles fósiles equivale a casi 4 veces el PIB de toda la región, lo que sería suficiente para pagar la deuda externa regional casi diez veces. Eso, sin tener en cuenta las reservas de metales y minerales que también existen en nuestros países.
Sin embargo, existen también importantes desafíos de gobernabilidad que dificultan el impacto positivo que estos recursos podrían tener en el desarrollo económico y social de América Latina. ¿Qué más pueden y deben hacer en los países de la región para asegurar que los beneficios de estos recursos reviertan en la calidad de vida de todos los ciudadanos?
1. Continuar mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Los canales de retroalimentación entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil son esenciales para que las industrias extractivas tengan un impacto positivo en el desarrollo económico y social. Estos canales deben ser creados y, cuando ya están presentes, mejorados. En los últimos cinco años, América Latina y el Caribe ha sido la región más dinámica a nivel mundial a la hora de adherirse a estándares internacionales de transparencia. Diez países ya se han comprometido a implementar la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que requiere la difusión de información a lo largo de la cadena de valor del sector extractivo desde permisos y licencias hasta el uso de los recursos cuando entran a la caja del gobierno.
Los estándares de buena gobernanza en el sector extractivo, de hecho, cada vez son más exigentes. La versión 2019 del Estándar EITI incluirá compromisos adicionales relacionados con la divulgación de contratos, pagos e información sobre monitoreo ambiental y equidad de género (entre otros).
2. Cerrar la llamada “brecha de implementación” en el sector. Entre los 12 países de LAC cubiertos por el Índice de Gobernanza de los Recursos (RGI) de 2017, 6 obtuvieron una calificación de "pobre" o "débil". En la mayoría de estos países, las leyes relacionadas con la gobernabilidad extractiva no siempre se aplican adecuadamente. Esto indica que los países ricos en recursos naturales de la región no solo deben redoblar sus esfuerzos para mejorar las normas que rigen el sector extractivo, sino también para avanzar en la implementación de marcos legales.
Para reducir esta brecha de implementación, es necesario tener claro qué ha funcionado y qué no. Generar y analizar datos es esencial para conocer el contexto, el progreso y los desafíos de los países, incluyendo un diagnóstico de las diferentes vulnerabilidades de gobernabilidad, corrupción y de captura del Estado en la cadena de decisiones del sector extractivo. Esto está lejos de ser una agenda que aplique únicamente a los gobiernos. El compromiso de la industria para contribuir a mejorar la gobernabilidad en el sector es fundamental, así como las contribuciones de las organizaciones multilaterales y a las ONG.
3. Fortalecer los marcos regulatorios y las capacidades institucionales para prevenir la corrupción. Es esencial identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas (especialmente cuando son "personas expuestas políticamente"), así como los detalles de todos los implicados en un contrato dentro de la industria, incluidos los subcontratistas y los comerciantes de productos básicos. El requisito de beneficiarios finales de la EITI tiene un potencial considerable a este sentido. También es crucial avanzar en marcos de transparencia e integridad aplicables a las empresas estatales, apoyando la despolitización de su gestión, buenas prácticas de gobierno corporativo, y la contratación y promoción de personal basados en criterios de mérito.
El papel de la tecnología como un medio para fortalecer las capacidades institucionales en el sector merece una atención especial. En Colombia, por ejemplo, la plataforma MapaRegalias permite a los ciudadanos visualizar el origen y destino de los recursos asociados con la explotación de los recursos del subsuelo. Gracias a la plataforma, el número de irregularidades detectadas en proyectos de inversión pública financiados con recursos provenientes de las industrias extractivas aumentó de 57 en 2013 a más de 1.000 en 2016.
4. Abordar los vínculos entre las industrias extractivas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los países ricos en recursos naturales, las industrias extractivas tienen varios vínculos con otros sectores de la economía. Por lo tanto, las políticas y estrategias intersectoriales aumentan el potencial para promover una mejor preservación ambiental, la reducción de la huella de carbono, la transición de la matriz energética hacia fuentes renovables y la diversificación económica, todas ellas cuestiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las consideraciones de género e inclusión en el sector extractivo también son importantes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos incluyen, entre otros, la protección de mujeres activistas, así como la mejora de la participación y las condiciones laborales de las mujeres en los procesos de toma de decisiones extractivas. Un punto clave de la reciente Cumbre Global de la Alianza por el Gobierno Abierto fue precisamente el llamamiento a generar un gobierno abierto y más inclusivo. Nos hacemos eco de este mensaje para el sector extractivo. Una agenda inclusiva y centrada en el género en las industrias extractivas es una de las principales prioridades para la EITI, NRGI y el BID.
Daniel Kaufmann es Presidente y Director Ejecutivo del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI); Mark Robinson es Director Ejecutivo del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); Juan Cruz Vieyra es Especialista Senior en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos naturales son un factor clave para el crecimiento y el desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC). Se calcula que el valor de las reservas de combustibles fósiles equivale a casi 4 veces el PIB de toda la región, lo que sería suficiente para pagar la deuda externa regional casi diez veces. Eso, sin tener en cuenta las reservas de metales y minerales que también existen en nuestros países.
Sin embargo, existen también importantes desafíos de gobernabilidad que dificultan el impacto positivo que estos recursos podrían tener en el desarrollo económico y social de América Latina. ¿Qué más pueden y deben hacer en los países de la región para asegurar que los beneficios de estos recursos reviertan en la calidad de vida de todos los ciudadanos?
1. Continuar mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Los canales de retroalimentación entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil son esenciales para que las industrias extractivas tengan un impacto positivo en el desarrollo económico y social. Estos canales deben ser creados y, cuando ya están presentes, mejorados. En los últimos cinco años, América Latina y el Caribe ha sido la región más dinámica a nivel mundial a la hora de adherirse a estándares internacionales de transparencia. Diez países ya se han comprometido a implementar la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que requiere la difusión de información a lo largo de la cadena de valor del sector extractivo desde permisos y licencias hasta el uso de los recursos cuando entran a la caja del gobierno.
Los estándares de buena gobernanza en el sector extractivo, de hecho, cada vez son más exigentes. La versión 2019 del Estándar EITI incluirá compromisos adicionales relacionados con la divulgación de contratos, pagos e información sobre monitoreo ambiental y equidad de género (entre otros).
2. Cerrar la llamada “brecha de implementación” en el sector. Entre los 12 países de LAC cubiertos por el Índice de Gobernanza de los Recursos (RGI) de 2017, 6 obtuvieron una calificación de "pobre" o "débil". En la mayoría de estos países, las leyes relacionadas con la gobernabilidad extractiva no siempre se aplican adecuadamente. Esto indica que los países ricos en recursos naturales de la región no solo deben redoblar sus esfuerzos para mejorar las normas que rigen el sector extractivo, sino también para avanzar en la implementación de marcos legales.
Para reducir esta brecha de implementación, es necesario tener claro qué ha funcionado y qué no. Generar y analizar datos es esencial para conocer el contexto, el progreso y los desafíos de los países, incluyendo un diagnóstico de las diferentes vulnerabilidades de gobernabilidad, corrupción y de captura del Estado en la cadena de decisiones del sector extractivo. Esto está lejos de ser una agenda que aplique únicamente a los gobiernos. El compromiso de la industria para contribuir a mejorar la gobernabilidad en el sector es fundamental, así como las contribuciones de las organizaciones multilaterales y a las ONG.
3. Fortalecer los marcos regulatorios y las capacidades institucionales para prevenir la corrupción. Es esencial identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas (especialmente cuando son "personas expuestas políticamente"), así como los detalles de todos los implicados en un contrato dentro de la industria, incluidos los subcontratistas y los comerciantes de productos básicos. El requisito de beneficiarios finales de la EITI tiene un potencial considerable a este sentido. También es crucial avanzar en marcos de transparencia e integridad aplicables a las empresas estatales, apoyando la despolitización de su gestión, buenas prácticas de gobierno corporativo, y la contratación y promoción de personal basados en criterios de mérito.
El papel de la tecnología como un medio para fortalecer las capacidades institucionales en el sector merece una atención especial. En Colombia, por ejemplo, la plataforma MapaRegalias permite a los ciudadanos visualizar el origen y destino de los recursos asociados con la explotación de los recursos del subsuelo. Gracias a la plataforma, el número de irregularidades detectadas en proyectos de inversión pública financiados con recursos provenientes de las industrias extractivas aumentó de 57 en 2013 a más de 1.000 en 2016.
4. Abordar los vínculos entre las industrias extractivas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los países ricos en recursos naturales, las industrias extractivas tienen varios vínculos con otros sectores de la economía. Por lo tanto, las políticas y estrategias intersectoriales aumentan el potencial para promover una mejor preservación ambiental, la reducción de la huella de carbono, la transición de la matriz energética hacia fuentes renovables y la diversificación económica, todas ellas cuestiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las consideraciones de género e inclusión en el sector extractivo también son importantes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos incluyen, entre otros, la protección de mujeres activistas, así como la mejora de la participación y las condiciones laborales de las mujeres en los procesos de toma de decisiones extractivas. Un punto clave de la reciente Cumbre Global de la Alianza por el Gobierno Abierto fue precisamente el llamamiento a generar un gobierno abierto y más inclusivo. Nos hacemos eco de este mensaje para el sector extractivo. Una agenda inclusiva y centrada en el género en las industrias extractivas es una de las principales prioridades para la EITI, NRGI y el BID.
Daniel Kaufmann es Presidente y Director Ejecutivo del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI); Mark Robinson es Director Ejecutivo del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); Juan Cruz Vieyra es Especialista Senior en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
