México: evaluación inicial del impacto de la pandemia de coronavirus en el sector extractivo y la de gobernanza de recursos
Este documento pertenece a una serie de informes de países producidos por NRGI para resumir la evolución de la situación de la pandemia y sus impactos económicos. Debido a las circunstancias, el análisis se encuentra sujeto a posibles cambios y podrá ser actualizado a su debido tiempo.
Mensajes clave
- México enfrenta graves consecuencias económicas como resultado de la pandemia de coronavirus y la fuerte caída del precio del petróleo.
- El país ha podido contar con su fondo de estabilización de ingresos para mejorar algunos de los efectos a corto plazo de la pandemia.
- Un rescate de PEMEX, la empresa petrolera nacional, fuertemente endeudada, efectuado en abril ha sido controversial y es apenas el último de una serie de rescates de PEMEX en los últimos años.
- Al tiempo que el Gobierno sigue haciendo del petróleo y PEMEX elementos centrales del futuro económico y energético de México, el país corre el riesgo de que se planteen retos económicos futuros más allá de la pandemia de coronavirus.
Resumen del impacto económico de la pandemia de coronavirus
Según lo pronosticado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), México podría sufrir una contracción del 6,6 % de su PIB en 2020. Esto se debe principalmente a la fuerte caída del precio y la demanda del petróleo así como al impacto económico de los bloqueos internos y mundiales. La pandemia del coronavirus ha afectado gravemente a sectores clave de la economía, como el turismo, los productos extractivos y el sector de servicios.En abril, el Presidente López Obrador, anunció un programa de austeridad que incluye una serie de recortes del gasto público. El plan de respuesta a la pandemia de coronavirus incluye un paquete de emergencia sanitaria que asciende a USD 7,9 mil millones. El Gobierno ha introducido una serie de medidas para inyectar liquidez en la economía y ayudar a aliviar la deuda interna.
En abril, el Gobierno propuso modificar la Ley de Responsabilidad Presupuestaria. Según la propuesta, éste decidiría recortes presupuestarios, modificaciones y asignación de fondos sin consultar con el Congreso, aislándose de ese modo de un mecanismo de supervisión fundamental. El Gobierno sostiene que esto da más flexibilidad en el gasto relativo a los programas sociales durante la emergencia y contribuye a aplicar medidas de austeridad. Sin embargo, esta medida concentraría poderes presupuestarios extraordinarios en el Ejecutivo y, por extensión, en el presidente. Aunque la ley aún no ha sido aprobada, el Gobierno ya ha decidido unilateralmente introducir cambios que afectan el presupuesto nacional.
México ha podido depender, en cierta medida, de su Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de su programa de “cobertura” del petróleo para reducir los impactos negativos de la pandemia y el desplome del precio del petróleo, por lo menos a corto plazo. El programa de cobertura petrolera de México es fundamentalmente una póliza de seguros. En el marco de la cobertura, PEMEX, espera recibir USD 49 por barril en 2020, a pesar de la caída de precios. Sin embargo, la cobertura solo puede garantizar el precio, no la demanda.
Impacto sobre el sector del petróleo y el gas
El Gobierno sigue comprometido con el crecimiento del sector petrolero mexicano a pesar de la actual caída de precios y otros factores a largo plazo, tales como el efecto de la transición energética global. La agenda económica de la actual administración es profundamente nacionalista. Su visión es que PEMEX debe asegurar la soberanía energética, además de proporcionar ingresos para sostener los programas sociales y los proyectos emblemáticos del Gobierno. Sin embargo, la contribución general de PEMEX a la economía mexicana ha venido disminuyendo durante los últimos 10 años. En 2019, PEMEX representó el 6,6 % del PIB, una disminución respecto del 10,8 % en 2008. Se espera que en 2020 esa cifra siga disminuyendo. Además, PEMEX tiene una deuda considerable. En abril, el Gobierno aprobó un paquete de estímulo de USD 2,600 millones para la empresa con el que pretende reducir los requisitos fiscales de PEMEX con el Estado en un 80 %. Esta medida es la última de una serie de rescates de PEMEX en los últimos años.El Gobierno espera que los acreedores de PEMEX vean esto como una señal de que la empresa se atendrá a su plan de desarrollo a pesar de la incertidumbre en los mercados del petróleo. Además, sigue llevando a cabo proyectos emblemáticos como la refinería Dos Bocas de PEMEX.
El Gobierno también intentará acelerar las asociaciones de PEMEX con socios privados para aumentar su capacidad de exploración y prepararse para una intensa fase de producción cuando aumente la demanda. Sin embargo, la pandemia del coronavirus, la caída del precio del petróleo y la incertidumbre mundial en torno a la recuperación económica afectarán la participación privada en el sector petrolero de México. Es probable que los actores del sector privado sean más cautelosos.
Como se señaló anteriormente, el programa de cobertura petrolera de México es una herramienta financiera que da flexibilidad a PEMEX para soportar las caídas de precio. El principal problema para PEMEX será encontrar un mercado para su producto. Aunque el Gobierno ha declarado que su máxima prioridad es el consumo interno y la soberanía energética, al igual que en los Estados Unidos, hay problemas con el almacenamiento de petróleo y la abundancia de oferta.
A partir de los datos presentados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el sector privado planificó invertir unos USD 4,6 mil millones en 2020. Sin embargo, el 70 % de las operaciones privadas en el sector petrolero están en fase de exploración, lo que significa que las empresas pueden posponerlo fácilmente. Poco antes de la crisis, Talos y Total cesaron sus operaciones y devolvieron sus bloques petroleros al Gobierno mexicano. Debido al precio del petróleo y a las crisis relacionadas con la pandemia, es probable que en los próximos meses se devuelvan aún más bloques.
Impacto sobre el sector minero
A diferencia del sector petrolero, que se caracteriza por el énfasis del Gobierno en el fortalecimiento de la empresa petrolera nacional, la minería está dominada por inversiones privadas. En abril, el Gobierno mexicano suspendió las operaciones mineras. El Gremio Mexicano de Minería ha presionado para que designe a la minería como actividad esencial (para poder reanudar las operaciones). Sostienen que la minería es una actividad central para las cadenas de suministro de los sectores que jugarán un papel en la generación de empleo, como la fabricación de automóviles, y emblemáticos proyectos de infraestructura como la refinería Dos Bocas. El 25 de mayo se permitió que la minería reanudara sus operaciones.Impacto sobre los ingresos del sector extractivo
PEMEX ya ha reportado una pérdida de USD 23 mil millones en el primer trimestre de 2020. La caída del precio del petróleo y los impactos del coronavirus no son las únicas causas de estas pérdidas que más bien reflejan desafíos más amplios para PEMEX, incluida su considerable deuda, estimada en más de USD 100 mil millones. Como se señaló, el programa de cobertura petrolera de México da flexibilidad a PEMEX para soportar caídas de precio, pero su impacto es limitado cuando la demanda también es muy baja. Según el Presidente, en 2020 México recibirá USD 6 mil millones de la cobertura.Desde 2018, el Gobierno ha utilizado hasta USD 5 mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), uno de los fondos soberanos de México basados en recursos, para asegurar sus grandes proyectos de infraestructura (Dos Bocas, el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía). El FEIP está viendo reducirse el volumen de ingresos entrantes y la respuesta a la pandemia lo está agotando aún más.
El Gobierno ha anunciado que el Fondo de Estabilización para Entidades Federativas (FEIEF), otro fondo basado en recursos naturales que distribuye recursos entre entidades subnacionales no podrá cubrir las transferencias subnacionales previstas para el 2020. Según Moody's, este fondo enfrenta un déficit del 8 % debido a los efectos del coronavirus. Esta noticia llega en momentos en que se prevé que la pandemia de coronavirus afecte hasta el 80 % de las fuentes de ingresos de los gobiernos subnacionales.
También se reducirán considerablemente los ingresos procedentes de los agentes del sector privado, tanto en el sector del petróleo como en la minería, lo cual repercute en los ingresos del Gobierno y en las asignaciones a los fondos de recursos. Dado que estos fondos exigen un retorno a precios más altos del petróleo a fin de reponer los ahorros, el país enfrenta riesgos económicos potencialmente significativos a mediano y largo plazo.
Impacto en la gobernanza de los recursos naturales
La agenda general de gobernanza de recursos en México enfrenta desafíos significativos debido a la concentración del Gobierno en lo relativo al sector petrolero, específicamente PEMEX. En particular, el impulso dado a los proyectos emblemáticos de infraestructura en medio de la pandemia suscita preocupaciones. La deuda pendiente de PEMEX, combinada con los costos de producción y la inestabilidad que se cierne sobre el mercado del petróleo, afectarán significativamente la estrategia económica del Gobierno al menos en el corto plazo, pero ese impacto podría durar más tiempo. Más allá de los desafíos de la deuda y la producción, PEMEX sigue afectada por los recientes escándalos de corrupción, lo que también puede afectar su papel en el futuro económico de México.Desde el comienzo, la actual administración ha utilizado las “medidas de austeridad” como vía para desfinanciar a los organismos reguladores, especialmente en el sector petrolero. El riesgo es que utilicen las nuevas medidas de austeridad para seguir desmantelando los controles internos. Este problema exige un cuidadoso seguimiento.
De cara al futuro
Sin duda, el problema más significativo de gobernanza de recursos que enfrenta México es la continua intención del Gobierno de hacer que el petróleo y PEMEX sean centrales para el futuro económico y energético de México. El Gobierno no solo se ha embarcado en un gasto sustancial, sino que recientemente ha iniciado un proceso orientado a profundizar la dependencia de México de los combustibles fósiles, con la aprobación de nuevos proyectos de fracturación hidráulica y la congelación de todos los contratos de energía renovable con entidades privadas. Desde una perspectiva de política energética, el plan de mantener a México dependiente de los combustibles fósiles corre el riesgo dejarlo con una infraestructura energética anticuada y contaminante, además de con considerables desafíos económicos en las próximas décadas. Resulta esencial cambiar el rumbo y alejarse del enfoque continuo sobre PEMEX, pero esto requiere un cambio importante en la visión política de México.Si bien las cuestiones relativas al petróleo y a PEMEX son las más importantes, México también enfrenta un mayor debilitamiento de los controles regulatorios y de supervisión en torno al petróleo. Esto podría conducir a la erosión de los logros de buena gobernanza que el país ha tenido en el pasado. Dada la naturaleza altamente politizada de las explicaciones en torno al petróleo y PEMEX, se requerirá una acción concertada de la sociedad civil para proteger los estándares.
Alonso Hidalgo es officer de Natural Resource Governance Institute en América Latina. Juan Luis Dammert es el director de NRGI para América Latina.
Perú: evaluación inicial del impacto de la pandemia de coronavirus en el sector extractivo y la gobernanza de recursos
Este documento pertenece a una serie de informes de países producidos por NRGI para resumir la evolución de la situación de la pandemia y sus impactos económicos. Debido a las circunstancias, el análisis se encuentra sujeto a posibles cambios y podrá ser actualizado a su debido tiempo.
Mensajes clave
- Perú tiene cierta capacidad para hacer frente al shock económico causado por la pandemia de coronavirus a corto plazo, ya que el país ha creado un fondo de estabilización de más de USD 5 mil millones. No obstante, la economía se contraerá gravemente en 2020.
- El Gobierno considera que el petróleo, el gas y la minería son servicios esenciales, por tanto, están exentos de las estrictas medidas de bloqueo. Sin embargo, las empresas extractivas han reducido sus operaciones debido a los bajos precios de las materias primas y otros factores relacionados con la pandemia.
- El país depende del sector minero que representa alrededor del 60 % de las exportaciones y el 11 % de los ingresos fiscales. Los expertos estiman que la producción total del sector podría disminuir en un 20 % en 2020.
- La sociedad civil tendrá que vigilar cuidadosamente el efecto de los recientes decretos gubernamentales que restringen las normas sociales y ambientales como parte de los esfuerzos orientados a permitir que se reanuden los proyectos de inversión en el contexto de la pandemia.
Resumen del impacto económico de la pandemia de coronavirus
Perú tiene cierta capacidad para hacer frente al shock económico causado por el coronavirus a corto plazo. La deuda pública total es de alrededor del 26 % del PIB (menor que la de Chile y otros países similares), y la deuda externa es del 8,5 %. El riesgo de endeudamiento del Perú se considera bajo. Por lo tanto, el país está en una buena posición para pedir préstamos. En la segunda semana de abril, el Gobierno emitió USD 2,6 mil millones en bonos como una de las fuentes de financiamiento para su plan de emergencia para responder a la pandemia y reactivar la economía. Este plan, que consiste en utilizar el equivalente al 12 % del PIB anual, también se financia con reasignaciones de dinero del presupuesto nacional, así como retiros del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).
La capacidad financiera proviene de una gestión macroeconómica sólida durante la última década, incluidos los fondos ahorrados durante el "súper ciclo" en el FEF, que había acumulado más de USD 5,4 mil millones para finales de 2019. Una cantidad significativa de los recursos para hacer frente a los impactos económicos de la pandemia de coronavirus proviene de ese fondo, aunque no está claro cuánto se ha retirado hasta el momento. El FEF se financia con excedentes presupuestarios generales, no directamente con ingresos procedentes de los productos extractivos. Sin embargo, estos últimos han contribuido significativamente a los excedentes presupuestarios en los últimos dos decenios.
No obstante, Perú también enfrenta importantes desafíos económicos de cara al futuro. El FMI ha pronosticado que la economía se contraerá en un 4,5 % en 2020, en comparación con la predicción de enero de 2020 de un crecimiento del 3,25 %. Las predicciones más recientes del Banco Mundial sugieren una contracción mucho más pronunciada del 12 %, lo que podría significar que los ahorros del país se erosionen de manera más significativa.
Impacto sobre el sector del petróleo y el gas
El sector energético, incluida la producción y el transporte de petróleo, es considerado un servicio esencial y se le ha permitido continuar las operaciones a pesar de las estrictas medidas de cuarentena en Perú. Sin embargo, algunas compañías petroleras han dejado de producir debido al bajo precio del petróleo. Una menor demanda internacional debido al bloqueo ha dado lugar al pleno uso de la capacidad de almacenamiento de petróleo del país.
El 1º de mayo, el ente regulador del petróleo, Perupetro, anunció que el oleoducto Norperuano, que transporta este recurso desde los yacimientos del norte de la Amazonia a los puertos y refinerías de la costa, había detenido sus operaciones. Perupetro ha pedido al Ministerio de Energía y Minas que se centre en continuar con la extracción del recurso para que la producción no caiga por debajo de un mínimo, y que el sector pueda seguir generando empleos (el sector genera unos 8.500 empleos directos e indirectos) para contribuir con las economías regionales con pagos de regalías transferidos a los gobiernos subnacionales de las regiones productoras. Hasta la fecha no se han aprobado medidas. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas ha concedido al ente regulador de energía, Osinergmin, la autoridad legal para legislar sobre este asunto.
A través de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la asociación de empresas privadas del sector han propuesto políticas tales como la suspensión de los pagos de regalías por 90 días, la suspensión de los pagos de impuestos hasta julio de 2020 y la reducción de las tasas de regalías en un 50 %. Al momento de redactar este documento, el Gobierno no había respondido a estas propuestas. Aunque el impacto nacional de estas medidas no sería significativo, ya que el sector petrolero es relativamente pequeño, las regalías transferidas a los gobiernos subnacionales en las zonas productoras constituyen una parte importante de sus presupuestos de inversión. Esto podría influir en su capacidad para destinar recursos a proyectos de inversión pública en el segundo semestre de 2020.
Impacto sobre el sector minero
El principal impacto del coronavirus sobre la minería ha sido la desaceleración de la producción, en particular de la extracción de cobre. Las exportaciones de cobre constituyeron el 50 % del total de las exportaciones mineras en 2019, en tanto que el oro representó el 30 %.
Al igual que el petróleo y el gas, la minería se considera un sector esencial y se le ha permitido continuar las operaciones a pesar de las medidas de paralización. Muchas empresas han anunciado un aumento de las medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores y el Gobierno ha publicado directrices específicas al respecto. La sociedad civil sigue expresando su preocupación por las salvaguardas de salud aprobadas por el Ejecutivo y algunas minas han enfrentado protestas internas de trabajadores preocupados por su salud y por la mayor incidencia de casos de coronavirus en campos mineros. Un informe de una empresa de medios de comunicación independiente obligó a la gran empresa minera Antamina a confirmar que más de 200 trabajadores resultaron positivos para COVID-19, lo que representa aproximadamente un tercio de las infecciones en la región de Áncash. Hasta el 21 de mayo, 718 trabajadores mineros habían dado positivo a la enfermedad y aumentaba la preocupación pública sobre el potencial de los yacimientos de propagar la enfermedad en zonas rurales.
La pandemia también ha afectado nuevos proyectos. Un ejemplo es la suspensión de grandes proyectos como Quellaveco de Anglo American, que estaba en la fase de construcción cuando la pandemia llegó al Perú. Alrededor del 70 % de los proyectos planificados para el futuro son minas de cobre. A pesar de que el cobre ha perdido valor, está mostrando signos de recuperación. Se espera que la demanda se recupere de manera directamente relacionada con la recuperación de China.
Al igual que otros países mineros, hay informes de que en el Perú, este sector está enfrentando una escasez de insumos necesarios para continuar o reanudar la minería. En los medios de comunicación y entre los expertos hay un debate sobre si el Gobierno introducirá políticas para facilitar las actividades de la cadena de suministro de la minería.
Impacto sobre los ingresos del sector extractivo
El país depende del sector minero, esto representa alrededor del 60% de las exportaciones y el 11 % de los ingresos fiscales. Los expertos estiman que la producción total del sector minero podría disminuir en un 20 % en 2020. Junto con la caída de los precios del cobre a principios de año, se espera que se reduzcan los ingresos de la minería. Sin embargo, el alcance de la reducción aún no está claro dadas las numerosas variables que afectarán al sector (incluyendo cambios en los precios y costos de producción, así como los costos de energía).
La producción de petróleo y gas ha disminuido y esto tiene impacto inmediato, ya que las regalías se pagan mensualmente. Datos de Perupetro indican que las regalías por hidrocarburos han disminuido de USD 60 millones en enero y USD 50 millones en febrero a apenas USD 26 millones en marzo. Si bien el petróleo no es uno de los principales contribuyentes de los ingresos del Perú, esta reducción se suma a los problemas fiscales generados por las recesiones mundiales y nacionales que vendrán. También influye en los presupuestos de las regiones productoras de petróleo y gas que se benefician de las regalías pagadas por las empresas.
Las implicaciones para los mecanismos de distribución de ingresos difieren entre los sectores de la minería y los hidrocarburos. Las transferencias de ingresos mineros a los gobiernos subnacionales de las regiones productoras, denominadas canon minero, se componen del 50 % de los pagos del impuesto sobre la renta del año anterior. Por lo tanto, las transferencias de 2020 corresponden al ejercicio fiscal de 2019 y no reflejarán aún la caída de los precios y la producción.
El canon del petróleo y del gas se compone principalmente de pagos de regalías que se calculan y transfieren mensualmente. Por ese motivo, los efectos ya se están sintiendo en las regiones productoras. La transferencia a las regiones se ha reducido a la mitad en comparación con la situación previa al brote de coronavirus.
En general, aunque Perú tiene una importante dependencia económica del sector minero, varias características del sector y de la economía en general hacen que la economía del país sea relativamente resistente. El Perú exporta una gama de minerales además del cobre y el oro, que incluyen plata, zinc, molibdeno y plomo. Esto limita en cierta medida el impacto de la volatilidad de los precios de los productos básicos. El país no depende de su petróleo, como se ha señalado anteriormente. Además, en la última década, el país ha desarrollado otros sectores económicos, como los productos agroindustriales, pesqueros y textiles no tradicionales. Las cuestiones de dependencia son más importantes a nivel subnacional, especialmente en las regiones productoras.
Impacto en la gobernanza de los recursos naturales
El 23 de abril, el Ejecutivo solicitó poderes al Congreso para promulgar leyes relacionadas con asuntos fiscales y financieros. El anuncio fue general y no se refiere a políticas o sectores específicos, pero es importante mantener un registro de los cambios legales bajo estas facultades. Si hay algún cambio en las leyes fiscales generales que se aplique a todas las empresas, o específicamente al sector extractivo, no se aplicarían a las empresas con cláusulas de estabilidad en sus contratos. Los expertos ya están analizando el modo en que las medidas incluirían a las empresas con tales contratos.
El EITI Perú sigue activo. A principios de año se había concedido al país una prórroga hasta junio de 2020 para presentar su 7º Informe EITI y se espera que el plazo se extienda aún más.
El 10 de mayo, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo (DL 1500) relativo a proyectos de inversión pública y privada y las medidas necesarias para iniciar operaciones en el contexto de la pandemia. El decreto adapta varios procedimientos regulatorios existentes al contexto de la emergencia, incluidas las medidas relacionadas con la participación ciudadana y los permisos y sanciones ambientales. Estas medidas se aplican a todos los proyectos de inversión. Algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC) han expresado su preocupación debido a que estas implican una reducción de los estándares sociales y ambientales En la actualidad, las medidas parecen limitarse al periodo de bloqueo y a cualquier declaración de emergencia posterior que formule el Ministerio de Salud. Sin embargo, es necesario realizar un mayor análisis de estas y de sus consecuencias. Además de las medidas previstas en el decreto, las OSC han expresado su preocupación de que los organismos gubernamentales carezcan de capacidad para monitorear el cumplimiento de los estándares de medio ambiente en el sector extractivo durante el bloqueo.
De cara al futuro
Como ya se ha dicho, la principal exportación del Perú es el cobre, que es uno de los minerales estratégicos en relación con la transición energética mundial. Sin embargo, la demanda de cobre para tecnología de transición energética sigue siendo limitada y no se espera que estos nuevos mercados den lugar a cambios dramáticos en las demandas de cobre a corto plazo. La única reserva de litio confirmada en el Perú, otro mineral estratégicamente importante para la transición energética se encuentra en el departamento de Puno, pero los problemas en la fase de exploración inicial significan que es probable que se quede estancada la extracción.
A la luz del DL 1500, mencionado anteriormente, será importante supervisar y evaluar las medidas adoptadas bajo los auspicios de este decreto legislativo. El riesgo que se suelen correr es el de que las medidas temporales a menudo se vuelvan permanentes.
Claudia Viale es senior officer de Natural Resource Governance Institute (NRGI) en América Latina. Lorena de la Puente es program associate de NRGI en América Latina. Juan Luis Dammert es el director de NRGI para América Latina.
Los préstamos respaldados en recursos naturales: trampas y potencial (Resumen ejecutivo)
Lee el comunicado de prensa.
Para financiar su progreso, los países en desarrollo deben, inevitablemente, encontrar maneras de superar los desafíos. Uno de los principales problemas que afrontan estos países es que los inversores suelen considerar que estos representan un alto riesgo financiero, lo que limita su capacidad de acceder a los mercados internacionales de capitales. A partir del auge de los recursos naturales que se inició en el cambio de milenio, ha cobrado popularidad un nuevo modelo de financiamiento con el propósito de sortear estos riesgos. En este modelo de financiamiento —llamado "préstamos respaldados por recursos" (PRR)—, los países acceden al financiamiento a cambio de, o garantizado por, flujos futuros de ingresos provenientes de su riqueza en recursos naturales.
Examinamos las experiencias pasadas de los países con los PRR en África subsahariana y América Latina de 2004 a 2018. Pretendemos identificar riesgos y oportunidades que los PRR ofrecen y formulamos recomendaciones para los países que consideran solicitar PRR en el futuro.
Identificamos 52 PRR, de los cuales 30 fueron otorgados a países de África subsahariana y los 22 restantes a países de América Latina. Están distribuidos entre 14 países de las dos regiones. Un total de 38 préstamos fueron concedidos por bancos de fomento de China, siete provinieron de comerciantes de materias primas, cuatro procedieron de otras empresas estatales chinas, una de Korea Exim, una de Nigeria y una de Rosneft. Un total de 43 préstamos están respaldados por el petróleo, seis por diversos minerales, dos por cacao y uno por tabaco. El importe total de préstamos que figura en nuestra base de datos es USD 164.000 millones, de los cuales USD 66.000 millones se destinaron a África y USD 98.000 millones a América Latina.
En nuestro análisis de las experiencias de los países, sobre las cuales debatimos en detalle en el policy brief, se destacan cinco riesgos y cuatro oportunidades principales asociados con los PRR. Por otra parte, tratamos el panorama general de los PRR, sus términos y cómo repercuten en las finanzas públicas.
La gobernanza centralizada de la minería, el gas y el petróleo en los países andinos: ¿Oportunidades de transformación?
La gobernanza de las industrias extractivas del petróleo, gas y minería en América Latina continúa siendo dirigida casi exclusivamente por los gobiernos centrales y el sector empresarial, con muy poca participación de la sociedad civil, y los gobiernos sub nacionales. En este contexto, el incremento de la conflictividad tiene su origen en las dificultades de incorporar las demandas medioambientales, económicas y sociales de las localidades que reciben los impactos de la extracción de los recursos.
El análisis muestra que, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades subnacionales (departamentales, provinciales o municipales) no participan de las decisiones sobre el sector extractivo y no poseen competencias relevantes respecto a las etapas del ciclo extractivo -exploración, implementación, explotación y cierre- no obstante tener responsabilidades concretas sobre la planificación del territorio.
En la región andina la centralización de las decisiones sobre la minería y el petróleo en los ministerios afines y las autoridades nacionales ha sido una constante que, en tiempos recientes, muestra señales de incluso mayor concentración tras la caída de los precios internacionales y el incremento de la conflictividad.
Tras un proceso de análisis institucional y debates desde los territorios organizados por cuatro instituciones aliadas en los cuatro países, se presenta un análisis comparativo sobre los diferentes niveles de gobierno. El objetivo es incentivar un mayor debate para revisar los procesos de toma de decisión en el sector extractivo, con la aspiración de mejorar la calidad de su gobernanza.
¿Qué diversificación económica queremos en los países andinos? Análisis comparado de políticas dediversificación económica: reflexiones y nuevas propuestas
Desde mediados de la década de los 2000, los países de Latinoamérica, y en particular los países andinos, experimentaron un boom en la exportación de hidrocarburos y minerales por el incremento mundial de su demanda y precios. Este boom contribuyó a la aceleración del crecimiento económico y al incremento sustancial de los ingresos fiscales. Sin embargo, ¿qué sucedió con el nivel de dependencia o diversificación económica de estos países?
En el presente reporte encontramos que - aunque con diferente intensidad – durante el periodo de boom se profundizó la dependencia del sector extractivo y esta se expresa sobre todo en el incremento de valor de las exportaciones y su contribución a los ingresos fiscales. Por otro lado, se ha observado que las estrategias y políticas de diversificación de los cuatro países perdieron relevancia y se caracterizaron por una débil implementación, falta de articulación con otras políticas nacionales y por una centralización de las decisiones y prioridades, excluyendo o limitando la importancia de aquellas definidas desde los territorios.
En este contexto de debilidad de las estrategias y políticas de diversificación varios cambios y reformas son posibles. En concreto el reporte plantea que las políticas de diversificación deberían ser: (i) definidas desde los territorios (ii) sostenibles socialmente (iii) sostenibles ambientalmente, (iv) inclusivas, (v) adaptables a innovaciones tecnológicas, y (vi) viables fiscalmente.
Finalmente, para tener algunas aproximaciones prácticas de cómo se pueden diseñar políticas de diversificación que cumplan estos criterios, se presentan como ejemplos las iniciativas en territorios extractivos impulsadas por las contrapartes de NRGI en los países andinos.
Contrataciones abiertas para los derechos de petróleo, gas y minería: arrojar luz sobre las buenas practices
Los contratos en los sectores del petróleo, gas y minería pueden llegar a valer miles de millones de dólares y extenderse por décadas. Sin embargo, es sorprendente que exista muy poca orientación sistemática para garantizar transparencia en la asignación y la gestión de los derechos para explorar y explotar los recursos naturales.
En este informe NRGI y Open Contracting Partnership, se aborda dicha deficiencia al arrojar luz sobre 16 buenas prácticas a nivel mundial que los gobiernos emplearon para mejorar la transparencia en los procesos de concesión y gestión de los derechos de petróleo, gas y minería. (Para obtener más información sobre el informe, lea esta entrada de blog, en ingles).
Estas buenas prácticas a nivel mundial son relevantes para las autoridades de regulación, los organismos de supervisión y quienes promueven la transparencia, incluidos aquellos que trabajan para implementar las normas de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) o desarrollar planes nacionales de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Reflexión sobre el panorama general
1. Utilizar información unificada para explicar todo el sistema de contratación.
2. Conciliar las necesidades de información de las empresas y los ciudadanos.
3. Comunicar quiénes son los encargados de adoptar decisiones.
Planificación
4. Divulgar información sobre las áreas que se abrirán a la contratación en la industria extractiva y por qué.
5. Conciliar los derechos sobre la superficie y el subsuelo, y las necesidades de sus usuarios.
6. Explicar públicamente la elección entre los diferentes métodos de asignación y cómo se aplican en las distintas situaciones.
Asignación y concesión de contratos y licencias
7. Comunicar cuanto antes que la asignación se está llevando a cabo.
8. Publicar las reglas del juego.
9. Divulgar quiénes pueden beneficiarse.
10. Divulgar el compromiso de las autoridades de regulación con las posibles empresas.
11. Llevar a cabo y divulgar los procesos de consulta.
12. Divulgar los resultados de la asignación.
El contrato
13. Divulgar los contratos.
Ejecución
14. Divulgar las inversiones, producción y reservas.
15. Divulgar los ingresos y beneficios.
16. Hacer un seguimiento del cumplimiento de los contratos y divulgar información al respecto.
Este informe se basa en las investigaciones anteriores sobre las buenas prácticas para la transparencia en la gestión de los contratos llevadas a cabo por el NRGI para la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México.
Partidos Políticos y Gobernanza de Recursos Naturales: Guía Práctica Para la Formulación de Políticas
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La riqueza de recursos trae consigo un conjunto único de desafíos a menudo conocido como la "maldición de los recursos naturales". Partidos políticos con posiciones políticas informadas e integrales pueden contribuir a enfrentar este desafío. Los partidos políticos tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que estos recursos se administren de manera transparente, responsable y en el mejor interés a largo plazo de sus países.
La publicación del Instituto de la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) e IDEA Internacional sobre partidos políticos y gobernanza de los recursos naturales ha sido traducida al español. En este documento, ambas organizaciones abogan por que los partidos políticos tomen un papel más activo en la transformación de los recursos naturales en un desarrollo inclusivo y sostenible.
Los partidos políticos pueden hacer esto desarrollando posiciones políticas bien pensadas, claras, informadas e integrales que cubran temas relevantes en toda la cadena de valor de los recursos naturales. Sin tales posiciones, los partidos se arriesgan a exacerbar los desafíos asociados con la riqueza de recursos, como la corrupción, la mala gestión, las expectativas públicas insostenibles, la volatilidad de los ingresos y la distorsión económica. Al adoptar estas posiciones los partidos no solo pueden ayudar a implementar políticas para evitar la llamada maldición de recursos, sino que también pueden ayudar a su país a cerrar la brecha de implementación entre la ley y la práctica (como se detalla en el Índice de gobernanza de recursos RGI de 2017).
El propósito de esta guía es examinar el papel que los partidos tienen y pueden jugar en la gobernanza de los recursos y ayudar a los partidos políticos que buscan desarrollar posiciones políticas sólidas en una amplia gama de temas políticos y técnicos. El informe se basa en las lecciones de un proyecto 2015-2016 en Ghana sobre el desarrollo de posiciones de política de recursos para los partidos políticos, y se basa en estudios de caso de seis países, así como en un amplio conjunto de buenas prácticas en materia de participación de partidos y gobernanza de recursos.
Reportes de Monitoreo Sobre Las Prácticas de Transperencia en la CNH
El sector hidrocarburífero mexicano ha enfrentado históricamente grandes retos asociados a la transparencia y rendición de cuentas. La entrada de actores privados genera una nueva demanda por conocer cómo se desarrollan las nuevas licitaciones y cómo se fiscaliza el desarrollo de los nuevos contratos firmados. En respuesta, la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México (CNH) ha dado pasos importantes para aumentar los niveles de transparencia tanto en las licitaciones como en la llamada “administración de los contratos”.
Los siguientes reportes representan un esfuerzo por evaluar y registrar la implementación de estos pasos en la agenda de la transparencia. NRGI trabajó de la mano con el consultor Ramón Olivas Gastélum y su equipo para conocer qué mejoras en materia de transparencia del proceso licitatorio se han implementado durante la Ronda 2.1 y cómo es que la información de los contratos suscritos en la Ronda 1 es presentada y divulgada por CNH. Los reportes fueron ampliamente discutidos y revisados por diversos profesionales provenientes de organizaciones de sociedad civil y la academia que, generosamente, aportaron en mejorar la calidad del reporte mediante una dinámica de talleres.
El principal hallazgo de ambos reportes es que CNH puede llegar a ser un líder mundial en el campo de transparencia de licitaciones y administración de contratos. Para esto, sin embargo, es necesario poner al usuario de la información en el centro y responder preguntas demandadas por la sociedad civil que se relaciones a los impactos sociales, ambientales y fiscales del sector hidrocaburífero.
Cerrando la brecha: Fortalecimiento del desarrollo y la implementación de los compromisos en el área de recursos naturales en la Alianza para el Gobierno Abierto