México posee grandes reservas de minerales —es el primer productor mundial de plata e importante productor de oro, zinc y hierro—, algunos importantes para la transición energética como el cobre y el litio.

El sector extractivo en México es importante para la economía del país —en 2021, el sector minero representó el 2.5 % del PIB nacional mientras que el sector petrolero el 4.3 %—. Sin embargo, el sector extractivo, sobre todo el minero, enfrenta retos cruciales de gobernanza, implementación de políticas, transparencia, recaudación fiscal y trazabilidad de los recursos. La transición energética presenta nuevos desafíos, sobre todo para el sector petrolero, pues aún no queda claro el rol que este cumplirá o cómo será impactado. La transición a un nuevo modelo energético requiere del trabajo conjunto de las autoridades gubernamentales y las empresas estatales.

NRGI trabaja con organizaciones de la sociedad civil desarrollando investigaciones y propuestas para brindar un enfoque sectorial sobre procesos de descarbonización y transición energética, para que esta sea justa para todos los actores involucrados.

El país es un importante productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. También posee reservas de hidrocarburos cuya explotación ocurre, principalmente, en la Amazonía, bioma que representa más del 60 % de la superficie del Perú.  

En un contexto de transición energética global, Perú podría aprovechar las oportunidades que ofrecen los minerales de transición —como el cobre—, no solo en oportunidades de inversión, sino también para mejorar la gobernanza del sector, la transparencia, la distribución y uso de la renta —sobre todo a nivel subnacional—, así como la aplicación de salvaguardas y la mejora de los estándares ambientales y sociales.  Sin embargo, la persistente crisis política que vive el país impacta de forma negativa en la gestión de sus recursos naturales, donde hay problemas de informalidad, ilegalidad y corrupción.  

NRGI trabaja con organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y periodistas para lograr que la gobernanza de los recursos sea transparente, que se trabaje en pro del interés común, la conservación y el desarrollo sostenible, y que las voces de las personas que viven en las regiones productoras o aquellas impactadas por la actividad extractiva sean escuchadas e incorporadas en las decisiones políticas. 

Chile cuenta con importantes reservas de cobre, hierro, molibdeno y litio. Aunque posee un alto potencial para el desarrollo de energías renovables, aún depende de combustibles fósiles —como carbón, gas natural y derivados del petróleo— para la generación de electricidad.

El país depende económicamente de la minería, sobre todo del cobre y del litio, minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad. Sin embargo, la industrialización y explotación del litio presenta desafíos para su regulación, transparencia y distribución de las rentas, además del alto impacto que ocasiona en los ecosistemas de los salares —como Atacama y Maricunga— y en las poblaciones locales e indígenas que los habitan debido al uso intensivo de los recursos hídricos.

El trabajo de NRGI en Chile está enfocado en la gobernanza de la industria del litio para mejorar la transparencia en la rendición de cuentas, el régimen fiscal y el uso de los ingresos provenientes del sector extractivo, fomentando la adopción de estándares internacionales que ayuden a reducir los impactos negativos y que promuevan mecanismos de participación ciudadana, para que las industrias extractivas contribuyan al desarrollo equitativo y a la reducción de brechas de pobreza y desigualdad.  

La explotación de petróleo y carbón representa más de la mitad de las exportaciones y es una fuente importante de ingresos para Colombia, principalmente para las regiones productoras. La apuesta por la transición energética es uno de los mayores desafíos para el país. Esta requiere lograr un amplio consenso  en dos dimensiones: fiscal, para reemplazar los ingresos generados por el petróleo y el carbón; y productiva, para consolidar y diversificar otros sectores de la economía. Un reto adicional es  priorizar los procesos de transición justa en regiones productoras altamente dependientes de la explotación de combustibles fósiles.

NRGI trabaja con actores de la sociedad civil y del Estado interesados en la transición energética, desarrollando análisis y propuestas técnicas para la discusión de nuevas políticas  que aseguren mejores estándares de gobernanza y justicia social y ambiental. NRGI apoya la construcción de la  transición energética justa mediante el fortalecimiento de capacidades, el apoyo a la participación ciudadana y la inclusión de voces territoriales.